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La violencia obstétrica (vob) es una forma específica de violencia contra las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que constituye una violación a sus derechos humanos. Tiene lugar en los servicios de salud públicos y privados, durante la atención del embarazo, parto y posparto, y consiste en cualquier acción u omisión que les cause un daño físico o psicológico. Puede incluir la negación del acceso a servicios de salud reproductiva; un trato cruel, inhumano o degradante; el suministro excesivo de medicamentos; la práctica de cesáreas no justificadas, así como cualquier acción que menoscabe su capacidad de decidir de manera libre e informada sobre sus procesos reproductivos. 1 La manifestación más grave de violencia obstétrica es la muerte de la mujer o persona gestante. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oms), la muerte materna es aquella que sucede durante el embarazo, parto o puerperio debido a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o durante su atención.2
En un contexto de desigualdad estructural en el acceso a los servicios de salud, como el de México, resulta relevante indagar si existen condiciones que determinan este fenómeno y cuáles podrían prevenirlo. Dicho análisis es fundamental para diseñar e implementar políticas públicas específicas que atiendan las diversas manifestaciones de violencia obstétrica. Así, este documento intenta ubicar las posibles determinantes de la violencia obstétrica y la muerte materna en México a partir de la información pública disponible: la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (endireh) y las cifras de mortalidad proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).
Violencia obstétrica
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (endireh) tiene como principal objetivo generar información sobre las experiencias de violencia que las mujeres mayores de 15 años3 han enfrentado en distintos ámbitos de su vida. A partir de 2016, los cuestionarios se revisaron y rediseñaron con el objetivo de capturar la información de manera integral. Las encuestadoras son capacitadas en materia de consentimiento, empatía y privacidad para llevar a cabo la entrevista; además, en el marco del protocolo, deben entregar un folleto con datos de instituciones que brindan apoyo a mujeres en situación de violencia.4
Como parte del rediseño de la endireh que se realizó en 2016, se agregó un apartado sobre las experiencias durante la atención del último parto, con el objetivo de conocer las distintas manifestaciones de violencia obstétrica que han vivido las mujeres en edad reproductiva.5 A partir de ello, por primera vez se contó con información sobre este fenómeno a nivel nacional y estatal. La endireh 2021 incorporó este módulo en su totalidad para tener información comparable a lo largo del tiempo. Si bien la periodicidad de esta encuesta es larga, pues se realiza de manera quinquenal, es un instrumento muy valioso para el estudio y la posterior atención de las violencias contra las mujeres que permite realizar diagnósticos puntuales en dicha materia.
Entre 2016 y 2021, se observa que la violencia obstétrica se mantuvo prácticamente constante: en 2016, 33.4 por ciento de las mujeres en edad reproductiva que informaron haber tenido al menos un parto en los últimos cinco años experimentaron por lo menos una manifestación de violencia obstétrica; en 2021 este porcentaje fue de 30.9 por ciento. Es decir, una de cada tres mujeres sufrió algún tipo de violencia obstétrica durante su último parto. Este estancamiento es alarmante, pues quiere decir que, a pesar de que se cuenta con un marco normativo y políticas públicas que deberían prevenir esta situación, no se ha logrado ningún avance significativo en la materia.6
Sin embargo, al desagregar la información de ambas encuestas por el año del último parto se observa una ligera tendencia a la baja —sobre todo en 2020 y 2021—. La endireh 2016 incluye los partos ocurridos entre octubre de 2011 y octubre de 2016, mientras que la endireh 2021, contempla los ocurridos entre octubre de 2016 y octubre de 2021.
Entre los elementos que configuran la violencia obstétrica se encuentra la sobremedicalización durante el parto, así como el uso de procedimientos de rutina sin el consentimiento de las mujeres o en situaciones no justificadas. Uno de estos procedimientos es la cesárea, que con frecuencia se practica sin que existan indicaciones clínicas que la justifiquen; esto pone a las mujeres en riesgo de sufrir problemas de salud, en particular a aquellas con escaso acceso a una atención obstétrica integral.7 Entre 2016 y 2021 se observa un aumento de 4.6 puntos porcentuales en los partos resueltos por cesáreas, al pasar de 42.8 a 47.4 por ciento. La oms recomienda mantener la tasa de cesáreas en un rango entre 10 y 15 por ciento; sin embargo, en 2018, por ejemplo, la tasa promedio a nivel mundial se estimó en 21.1 por ciento.8
Al estimar este indicador —parto por cesárea— por año de último parto, la tendencia observada en el periodo de 2011 a 2016 parece ir a la baja. No obstante, entre 2016 y 2021 —endireh 2021—, se observan dos momentos: una ligera disminución de 2016 a 2019 y un repunte en 2020 y 2021, años en los que la pandemia por covid-19 fue más intensa. Aunque aún no es posible conocer su efecto con la información disponible, una posible explicación del repunte es que, debido a la saturación hospitalaria, el personal de salud optó por programar partos vía cesárea para tener más control de la afluencia de usuarias en los hospitales de atención obstétrica.
Entre 2016 y 2021 se observa un aumento de 4.6 puntos porcentuales en los partos resueltos por cesáreas.
Es de notar que, en 2016, la violencia obstétrica en los partos que no fueron cesáreas y en los que sí se realizó ese procedimiento fue prácticamente la misma, al estimarse en casi 30 por ciento en ambos casos. Sin embargo, en 2021 se observa una reducción de 4.33 puntos porcentuales en la violencia obstétrica registrada en las cesáreas, mientras que la observada en los partos que no fueron por cesárea se mantiene en gran medida constante. Aunque podría parecer que tal reducción es positiva, estos resultados no deben interpretarse como que la solución para este tipo de violencia sea realizar cesáreas, sino que se debe aspirar a reducirla en la atención obstétrica en general.
En este punto es fundamental insistir en que la atención a la salud obstétrica debe centrarse en las necesidades de las usuarias. Así, se deben distinguir las situaciones en las que realmente se justifica practicar una cesárea y, por otra parte, evitar el procedimiento cuando este se vincula con la preferencia o disponibilidad del personal de salud. Para lograr lo anterior, es fundamental priorizar un adecuado seguimiento obstétrico durante todas las etapas del embarazo; con ello, se esperaría disminuir los casos en los que se practican cesáreas por una situación de emergencia que pudo haberse prevenido.
La violencia obstétrica es un concepto amplio que se manifiesta de diferentes formas. Incluye los malos tratos o groserías verbales, las agresiones físicas y la imposición de procedimientos médicos no consentidos, como la anticoncepción o esterilización no consentida o forzada. La siguiente gráfica nos permite observar a detalle la incidencia de las distintas manifestaciones de violencia obstétrica, así como los cambios que tuvieron entre 2016 y 2021.9
Es fundamental priorizar un adecuado seguimiento obstétrico durante todas las etapas del embarazo; con ello, se esperaría disminuir los casos en los que se practican cesáreas por una situación de emergencia que pudo haberse prevenido.
En general, al desagregar las manifestaciones de vob no se muestran grandes cambios. Sin embargo, llama la atención que Presión para aceptar anticoncepción o esterilización pasó de ser la quinta manifestación más frecuente en 2016 a ser la segunda más mencionada en 2021. También se observa un ligero aumento en Método anticonceptivo o esterilización forzada, al pasar de 12.2 a 13.8 por ciento. Resulta preocupante que, aunque se observen leves disminuciones en varias de las manifestaciones, haya un aumento en las que están relacionadas con procedimientos de anticoncepción y esterilización forzada.
gire ha acompañado casos de mujeres y personas gestantes —como el caso de Sandra—10 en los que el personal de salud recabó su firma en el consentimiento informado para aceptar un método anticonceptivo mientras ellas estaban en medio de una emergencia obstétrica —antes, durante o después del parto—, es decir, en situaciones de gran vulnerabilidad.11 En ocasiones, la firma del documento se obtiene a través de ejercer violencia con intimidaciones, regaños, humillaciones o, incluso, al condicionar la atención médica. Esta práctica afecta principalmente a las mujeres en condiciones de marginalidad.
A nivel regional, existen sentencias relacionadas con la violencia obstétrica y, de manera concreta, con el consentimiento informado en procesos de esterilización o métodos anticonceptivos permanentes. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) estableció que el Estado Plurinacional de Bolivia era responsable por ligar las trompas de Falopio —un método anticonceptivo permanente— de la señora i.v. sin su consentimiento.12
Por otro lado, en el ámbito universal, en julio de 2019, la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la violencia contra la mujer, en su informe Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica,13 evidenció que las esterilizaciones forzadas son procedimientos médicos que se practican en todo el mundo sin consentimiento informado. Entre las razones, el personal sanitario aduce que son en beneficio del interés superior de la mujer, pero se sostienen en creencias y prejuicios, como el de que las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios —como las mujeres indígenas o las mujeres con discapacidad— son incapaces de tomar decisiones responsables sobre su reproducción.14
Instituciones de atención a la salud
Al abordar el tema de salud y justicia reproductiva es importante observar el lugar en el que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar se atienden. El sector público concentra más del 70 por ciento de los partos, de acuerdo con la endireh 2021, mientras que el sector privado —compuesto por hospitales, clínicas o consultorios médicos privados— el 25.1 por ciento.
En el ejercicio de 2021 se observa un aumento de la atención de partos en el sector privado, posiblemente relacionado con el efecto de la pandemia por covid-19. Destaca que la atención en Hospital o clínica del imss registra una tendencia a la baja, incluso en años previos a la pandemia. También se observa un aumento, sobre todo entre 2019 y 2020, en la atención en Hospital o clínica privada. Se podría presumir que algunas usuarias sustituyeron la atención en el imss por la del sector privado. Aunque no existe forma de comprobarlo, puede ser que esto haya sido ocasionado, al menos en parte, por el temor a exponerse a un contagio de covid-19, dada la saturación hospitalaria que experimentaron las instituciones públicas de atención a la salud. Otro factor que pudo haber influido en este cambio es que, durante la emergencia sanitaria, muchos hospitales materno-infantiles fueron reconvertidos a hospitales de atención covid; además, la información pública disponible no era clara, por lo que, a falta de certeza, las usuarias que pudieron pagarla optaron por la atención privada y quienes no tuvieron los recursos para hacerlo fueron a centros de salud —para esta categoría se registra una tendencia al alza entre 2011 y 2016 y un ligero estancamiento entre 2016 y 2021—.
Ahora bien, al analizar la incidencia de violencia obstétrica dentro de los distintos lugares de atención se observa que en Hospital o clínica del imss es en donde más manifestaciones de violencia obstétrica se informan, con 39.8 por ciento de tasa de incidencia en 2021. En contraste, en Hospital o clínica privada se reporta 15.1 por ciento para el mismo periodo. Por ello, otra hipótesis para explicar la sustitución de la atención pública por la privada, además de las ya mencionadas, es la forma en que las mujeres y personas con capacidad de gestar son tratadas en cada institución de atención.
¿Quiénes son más proclives a sufrir violencia obstétrica?
Es importante analizar las características sociodemográficas de las mujeres y otras personas gestantes que informan haber vivido violencia obstétrica, pues esto permite conocer si existen tendencias —por lo general relacionadas con estereotipos y formas de discriminación— en la atención a distintas poblaciones. Identificar estas tendencias permite emitir recomendaciones para capacitar al personal de salud en la atención de poblaciones específicas.
En primer lugar, respecto a la edad, se observa que, a pesar de que se registró una disminución de la violencia obstétrica para todos los grupos de edad, las mujeres menores de 30 años suelen sufrirla más —36 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años y 36.7 por ciento de las mujeres entre 20 y 29 años informan haber experimentado una manifestación de violencia obstétrica—. La falta de reconocimiento de la agencia de las usuarias adolescentes por parte del personal de salud, así como la poca interacción que han tenido las mujeres jóvenes con el sistema de salud, pueden ser dos factores que propicien esta diferencia.
Respecto a la edad, se observa que, a pesar de que se registró una disminución de la violencia obstétrica para todos los grupos etarios, las mujeres menores de 30 años suelen sufrirla más.
En segundo lugar, el estado civil muestra algunas diferencias sutiles. Por un lado, las mujeres solteras y separadas informan con mayor frecuencia haber vivido al menos un tipo de violencia obstétrica en la atención de su último parto —38.57 % y 34.74 %, respectivamente—. Por otro lado, las mujeres casadas sufrieron menos este fenómeno. Esto podría deberse a que las mujeres solteras y separadas tienden a no estar acompañadas por sus parejas, en comparación con las mujeres casadas. Otra posible explicación es la penalización social que suele tener el embarazo fuera del matrimonio, que puede derivar en que el personal de salud ejerza malos tratos hacia esta población.
Si bien el estado civil puede servir como orientación para suponer si la mujer estaba o no acompañada durante el parto, lo ideal sería contar con un reactivo que indague específicamente si a la mujer se le permitió elegir a la persona acompañante durante la atención del parto; lo cual, además, es un derecho en la normativa vigente. Esto es importante porque, como se observa en la gráfica anterior, las mujeres divorciadas y las viudas —que podría suponerse que tampoco están acompañadas por una pareja— reportan menos violencia obstétrica que las mujeres solteras o separadas; en este sentido, se sostiene la hipótesis de que existe una penalización social por estar embarazada fuera del matrimonio y que ello puede explicar las diferencias observadas. Además, en muchas ocasiones, las redes de apoyo con las que cuentan las mujeres son construidas con la familia, amigas o, incluso, vecinas. La misma endireh 2021 señala que 93.4 por ciento de las mujeres que se enferman acuden a solicitar atención acompañadas por algún familiar. Lamentablemente, no se desagrega el sexo del familiar con quien se acude; esta información permitiría observar sesgos de género importantes, tomando en consideración que los trabajos de cuidados suelen ser realizados de forma desproporcionada por mujeres.15
En tercer lugar, no se registran diferencias significativas en cuanto a la escolaridad. Este indicador, por lo general, permite tener una idea aproximada del acceso a recursos, principalmente económicos. El hecho de que no existan diferencias entre distintos niveles de escolaridad puede deberse a que el fenómeno de la violencia obstétrica es una práctica tan generalizada y arraigada en los sistemas de salud que la escolaridad no determina si existe mayor o menor probabilidad de vivir alguna de sus manifestaciones.16
En cuarto lugar, similar a lo observado con la escolaridad, no se registran diferencias significativas entre las mujeres que se autoadscriben como una persona indígena en comparación con quienes no lo hacen. A pesar de que las cifras no muestran una diferencia importante en este tema, organismos internacionales de protección a los derechos humanos han reconocido que las mujeres indígenas suelen sufrir violencia obstétrica en mayor medida.17
Por último, respecto a la condición económica y de ocupación se pueden observar al menos dos fenómenos. El primero es que la ocupación en un empleo remunerado parece no registrar diferencias significativas; es decir, tanto las mujeres que están incorporadas en el mercado de trabajo, como aquellas que no, viven violencia obstétrica con una frecuencia similar.
El segundo fenómeno es que sí existen diferencias en los ingresos laborales propios de las mujeres ocupadas. Aunque la relación no es absolutamente lineal, a partir del decil de ingreso VII (equivalente a obtener un ingreso laboral mensual mayor a 5,300 pesos mexicanos) se observa que la violencia obstétrica se menciona de forma menos constante que en los deciles de ingreso más bajos. Destaca que el decil de ingreso más alto (mujeres con ingresos laborales propios mayores a $12,000 mensuales) registra un porcentaje de 18.4 por ciento en experiencias de violencia obstétrica, esto es, más de 10 puntos porcentuales de diferencia respecto al decil IX ($8,000 a $11,999). Es probable que las mujeres con mayor poder adquisitivo tengan acceso a mejores centros de atención médica, además de ser quienes pueden costear servicios privados no solo en el parto, sino también durante la atención a lo largo de todo el embarazo.18
Es relevante que al analizar los ingresos de otras fuentes (como pensiones, becas escolares de hijes o propias, o dinero recibido de parejas y/o familiares) no se registra el mismo efecto que tienen los ingresos laborales propios. De hecho, la violencia obstétrica permanece casi constante a través de los deciles de ingreso. Esto se puede interpretar como que los ingresos laborales propios dotan de mayor autonomía económica a las mujeres, en comparación con otro tipo de ingresos.
Personas con discapacidad
Una de las grandes deficiencias de la endireh 2016 fue que se indicó a las personas encuestadoras que debían suspender la entrevista si notaban una “discapacidad evidente” en la persona encuestada. Además de que esto es un acto de discriminación que perpetua estereotipos sobre las personas con discapacidad, generó un vacío de información muy importante, ya que las mujeres con discapacidad tienden a sufrir diversos tipos de violencia que no quedaron registrados en versiones anteriores de esta encuesta. Respecto a la violencia obstétrica en específico, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Comité cedaw, por sus siglas en inglés), en 2018, señaló especial preocupación por la existencia de informes sobre la esterilización forzada de mujeres y niñas con discapacidades intelectuales y de otros tipos en México.19 La falta de registro de esta información —en la edición pasada de la endireh— derivó en la ausencia de un panorama integral de la situación que permitiera comenzar a atenderla.
En la edición 2021 de la endireh, el inegi agregó una sección exclusiva que captura la información sobre discapacidad para realizar actividades cotidianas en mujeres mayores de 15 años. Se diferenció a la población en tres grandes categorías: mujeres con discapacidad, mujeres con limitación y mujeres sin discapacidad ni limitación. De acuerdo con el inegi, las mujeres con discapacidad son personas que no pueden hacer, o hacen con mucha dificultad, al menos una de las actividades de la vida diaria: ver, oír, caminar, recordar, concentrarse, bañarse, vestirse, comer, hablar o comunicarse. Las mujeres con limitación son las que realizan al menos una de esas actividades diarias con un poco de dificultad. Por último, las mujeres sin limitación ni discapacidad son personas que pueden realizar esas actividades sin dificultad.
Lo primero que se puede observar es que las mujeres con discapacidad y, en menor medida, las mujeres con alguna limitación tienden a sufrir más violencia obstétrica que las mujeres que no tienen ningún tipo de discapacidad o limitación. Es decir, la discapacidad sí es un factor que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres ante el fenómeno de la violencia obstétrica.
Las mujeres con discapacidad y/o limitación tienden a experimentar todas las formas de violencia obstétrica con mayor frecuencia. En particular, hay una diferencia de más de 8 puntos porcentuales entre las mujeres con discapacidad (37.7 %) y las mujeres sin discapacidad ni limitación (29.6 %) que informaron haber recibido ofensas, que se negaron a suministrarles anestesia o que se vieron presionadas para aceptar procedimientos anticonceptivos o ser esterilizadas.
Las mujeres con discapacidad y/o limitación tienden a experimentar todas las formas de violencia obstétrica con mayor frecuencia.
Las ofensas dirigidas a las mujeres con discapacidad y/o limitación durante el trabajo de parto pueden interpretarse como parte de las experiencias de discriminación a las que las personas con discapacidad se enfrentan con frecuencia. Por otro lado, negarles la anestesia y presionarlas para aceptar procedimientos anticonceptivos o ser esterilizadas son actos que implican una violencia física importante en la atención médica que se brinda a estas poblaciones. Este hallazgo confirma el arraigado problema de las esterilizaciones no consentidas que enfrentan las personas con discapacidad, que en México ha sido documentado por organizaciones como Disability Rights International (dri) y el Colectivo Chuhcan. Ambas organizaciones han señalado abusos y violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad psicosocial en este país.20 El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Comité cdpd) ha señalado que las mujeres con discapacidad presentan tasas elevadas de esterilización forzada, y que, con frecuencia, se les priva del control de su salud reproductiva al no dejarlas tomar decisiones de forma autónoma, pues se asume que no son capaces de otorgar su consentimiento.21 Acabar con todas las manifestaciones de violencia obstétrica es fundamental, sin embargo, debido a su prevalencia y gravedad en el contexto de esta población, es necesario dar prioridad a los dos fenómenos mencionados.
Al desagregar la información por grupos de edad, se observa que las mujeres con discapacidad más jóvenes son más propensas a experimentar violencia obstétrica: una de cada dos mujeres con discapacidad menor de 20 años informó haber sufrido al menos un tipo de violencia obstétrica durante su último parto.
Limitaciones de la ENDIREH
La endireh es un instrumento muy valioso, pues permite conocer las experiencias de las mujeres respecto a distintos tipos de violencias. En especial, la información del módulo que corresponde a la violencia obstétrica hace posible realizar diagnósticos muy puntuales y completos sobre la magnitud y las variables asociadas con este fenómeno en México; además, permite conocer el perfil sociodemográfico de las mujeres que la enfrentan y la distribución geográfica del fenómeno. Sin embargo, a partir de su análisis identificamos, al menos, tres limitaciones.
En primer lugar, las preguntas relacionadas con violencia obstétrica se enfocan en el último parto y no existe una sección para indagar si se ha experimentado también durante el embarazo y/o el puerperio. Si bien podría suponerse que la mayoría de los incidentes de este tipo ocurren en el momento del parto, al no contar con reactivos específicos para las otras dos situaciones mencionadas es imposible afirmarlo con certeza. gire, por ejemplo, ha brindado acompañamiento a mujeres que han sufrido violencia obstétrica posterior al parto. Visibilizar la violencia obstétrica en todas sus manifestaciones, a partir de instrumentos como la endireh, es fundamental para prevenirla.22
En segundo lugar, no hay preguntas que permitan conocer la orientación sexual ni la identidad sexogenérica de las personas entrevistadas. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (endiseg 2021) observó que las personas con una orientación sexual o identidad de género no normativa tienden a experimentar actos de discriminación con mayor frecuencia. Conocer la forma en que se manifiestan las violencias hacia mujeres trans, lesbianas y bisexuales —así como en hombres trans, en particular en la atención obstétrica— sería relevante para diseñar las políticas públicas que atiendan las necesidades de estas poblaciones.
Por último, las preguntas relacionadas con los agresores, particularmente quienes ejercieron algún tipo de violencia sexual, no distinguen el sexo de la persona agresora. No se trata de un problema metodológico menor, pues fuentes como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe) han documentado que nueve de cada diez delitos sexuales contra las mujeres son perpetrados por hombres. No contar con este desagregado imposibilita robustecer el estudio y la posterior atención y eliminación de todas las manifestaciones de la violencia contra las mujeres.
Referencias
gire, Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos, 2015, p. 12. Disponible aquí- Se toma en cuenta un plazo de 42 días después de la terminación del embarazo para que un fallecimiento aún sea considerado como defunción materna.
- Si bien la
endirehno ofrece datos sobre la experiencia de mujeres y personas gestantes menores de 15 años, ellas también pueden sufrir las distintas manifestaciones de violencia obstétrica y fallecer por causas relacionadas con su embarazo. Es indispensable que la atención obstétrica también respete los derechos humanos en los casos de las menores, en especial porque la mayoría provienen de contextos que ya las han vulnerado. inegi,endireh, Manual de la entrevistadora, 2021, p. 51. Disponible aquí .- Mujeres entre 15 y 49 años de edad.
gire, El camino hacia la justicia reproductiva, 2021, p. 130. Disponible aquíoms, “Declaración de laomssobre tasas de cesárea”, 2015. Disponible aquíoms, “Caesarean section rates continue to rise, amid growing inequalities in access”, 2021. Disponible aquí- La categoría Jalones o pellizcos fue agregada en la edición 2021 de la
endireh. - Antes de que Sandra autorizara a
girepara utilizar su verdadero nombre al hacer referencia a este caso se había optado por poner Sonia como pseudónimo. Más detalles sobre el mismo en:gire, El camino hacia la justicia reproductiva, 2021, p. 125. - El 26 de mayo de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (
scjn) resolvió el caso de Sandra. Lascjnconcluyó que Sandra fue víctima de una esterilización no consentida como una forma de tortura, y que, además, fue víctima de violencia de género, violencia obstétrica y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Corte señaló que ni Sandra ni sus familiares dieron su consentimiento libre, pleno e informado para que se le practicara una oclusión tubaria bilateral y, por ello, se vulneraron sus derechos a la salud, a la integridad personal, a la libertad y la autonomía reproductivas, a determinar su proyecto de vida, a tener una vida libre de violencia y a recibir información relativa al acceso a los servicios de salud reproductiva. Proyecto de Sentencia del Juicio de Amparo en Revisión 1064/2019,scjn, Primera Sala, Ponente: ministra Norma Lucía Piña Hernández. Disponible aquí - Corte
idh, Casoi.v.vs. Bolivia, Excepciones preliminares, Fondo, reparaciones y costas, 30 de noviembre de 2016, Serie C, núm. 329, párr. 122. - Naciones Unidas, Asamblea General, informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica, 74° período de sesiones, [A/74/137], 11 de julio de 2019. Disponible aquí
- Ibidem, párr. 21.
- México, ¿cómo vamos?, “Mercado laboral y brechas de género”. Disponible aquí
onu, Asamblea General, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, “Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica”, 11 de julio de 2019. Disponible aquí.gireenvió a la Relatora un informe sobre el trabajo que ha realizado para visibilizar situaciones que constituyen este tipo de violencia.- Comité
cedaw, Recomendación general núm. 39 (2022) sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas,cedaw/C/GC/39/, 31 de octubre de 2022, p. 23. Disponible aquí - Los deciles de ingreso se construyen al ordenar a la población de estudio de forma descendente según sus ingresos y distribuirla en diez secciones iguales.
gire, El camino hacia la justicia reproductiva, 2021, p. 93.driy Colectivo Chuhcan, Abuso y negación de derechos sexuales y reproductivos a mujeres con discapacidad psicosocial en México, 2015. Disponible aquí ydri, Crímenes de lesa humanidad: décadas de violencia y abuso en las instituciones mexicanas para niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad, 26 de octubre de 2020. Disponible aquíonu, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “Observación General No 1 (2014), Artículo 12, Igual reconocimiento como persona ante la ley”, 11o periodo de sesiones, 19 de mayo de 2014. Disponible aquígire, El camino hacia la justicia reproductiva, 2021, p. 130.
