¿Qué dicen los datos públicos?

Violencia obstétrica y muerte materna: la construcción de un indicador concentrado

La muerte materna es considerada la expresión más grave de la violencia obstétrica. Aunque intuitivamente se podría suponer que la relación entre estos dos fenómenos es directamente proporcional, esto no siempre es así, ya que factores como el acceso a recursos hospitalarios desempeñan un papel muy importante. Debido a esto, en gire desarrollamos una metodología sencilla con el objetivo de concentrar la información de ambos fenómenos en un único indicador. Este indicador nos permite, por un lado, identificar patrones en los que la frecuencia de la violencia obstétrica se relaciona de manera directa con la magnitud de la mortalidad materna por entidad federativa y, por otro, facilita la identificación de entidades en las que existen diferencias significativas entre la violencia obstétrica y la mortalidad materna.

La metodología consistió en dos etapas. En la primera, se normalizaron las variables rmm correspondientes al año 2021¹ y el porcentaje de mujeres que experimentó alguna manifestación de violencia obstétrica informado por la endireh 2021.² En la segunda, se estimó un promedio de ambas variables. De esta manera, las variables, así como el indicador concentrado, obtuvieron un puntaje del 0 al 100, en el que 0 representaba el peor desempeño y 100 el mejor desempeño estimado.

En el siguiente cuadro se presentan las variables observadas, las variables estimadas que se sometieron al procedimiento de normalización y el indicador concentrado que se calculó a partir de estas últimas. En síntesis, el promedio nacional de las variables normalizadas y del indicador concentrado se estimó de la siguiente manera:

Chiapas ha tenido una de las rmm más altas en la historia de México; de 2015 a 2019 se posicionó entre los cinco estados con mayor prevalencia de este fenómeno (en 2018 fue la peor de las 32 entidades federativas). Como ya se ha mencionado, la pandemia por covid-19 causó disrupciones en los sistemas de salud locales, y también agravó la situación de rmm en otras entidades que, en años previos, la habían tenido relativamente baja. Sin embargo, en el caso de Chiapas se mantuvo estable, con lo cual pasó de ocupar el cuarto lugar a nivel nacional en 2019, a ocupar el séptimo en 2020 y el decimosexto en 2021. Además, dado que la vob observada en la entidad es bastante baja en comparación con las demás, el estado tiene una calificación favorable en el indicador concentrado.

Lo primero que podemos observar es que las tres entidades con peor desempeño son Yucatán (21.7 puntos de 100 posibles), cdmx (30.6 puntos) y Veracruz (31.8 puntos). Una de las características que comparten estas entidades es que sus puntajes para ambas variables normalizadas se encuentran por debajo de la media nacional. Sin embargo, se pueden observar algunas diferencias muy particulares. Por un lado, Yucatán es la entidad con la menor diferencia, en términos absolutos, entre las variables normalizadas de mortalidad materna y violencia obstétrica. Esto indica que el rendimiento de la entidad en relación con ambas variables es muy pobre.

Por otro lado, la cdmx es la entidad con la mayor diferencia en términos absolutos de ambas variables normalizadas —equivalente a 29.5 puntos—. Otra observación que llama la atención respecto a la capital es que su desempeño en materia de violencia obstétrica es el peor del país (15.8 puntos), sin embargo, en relación con la mortalidad materna ocupa la posición 21 (45.3 puntos). Si bien su puntaje se estima por debajo de la media nacional, este fenómeno —en el que la alta frecuencia de violencia obstétrica no se traduce de forma proporcional en un alto índice de mortalidad materna— puede deberse al acceso a recursos hospitalarios que tiene la cdmx. Con información de los Recursos en Salud Sectorial 2021,³ encontramos que, por cada 10 000 mujeres en edad reproductiva, en la cdmx se cuenta con 1.17 consultorios de ginecobstetricia (la tasa más alta del país); 8.79 camas de ginecobstetricia (segunda tasa más alta); y 6.87 médicas(os) ginecobstetras (tasa más alta). A partir de esta información, se puede inferir que el acceso a la atención médica durante el embarazo, y no solo durante el parto, previene —al menos parcialmente— la muerte materna, a pesar de la alta frecuencia con la que se experimentan otras manifestaciones de violencia obstétrica.

Vale la pena destacar que, si se considera que la calificación mínima aprobatoria es 60 de 100 puntos posibles, solo cinco entidades la obtienen: Chiapas (68.6), Tabasco (64.6), Guanajuato (62.8), Aguascalientes (62.3) y Zacatecas (62.1). El caso de Chiapas se destaca, pues, aunque se trata de la entidad con mejor desempeño en materia de violencia obstétrica (84.3 puntos), apenas supera la media nacional en términos de mortalidad materna (52.8 puntos). En este caso, a diferencia de lo expuesto para el caso de la cdmx, parece ser que la falta de acceso a recursos hospitalarios provoca que, a pesar de registrar bajos niveles de violencia obstétrica, la mortalidad materna no corresponda de forma proporcional a dichos niveles. Chiapas es la tercera entidad con menos acceso a consultorios de ginecobstetricia, la segunda entidad con menos personal médico ginecobstetra y la entidad con el menor número de camas de ginecobstetricia por cada 10 000 mujeres en edad reproductiva. Lo anterior posiciona a esta entidad como la peor en relación con el indicador conglomerado de recursos hospitalarios.

Los resultados desagregados en esta sección sirven para enfatizar que la atención de la violencia obstétrica y la prevención de la muerte materna deben realizarse a partir de un enfoque de atención a la salud reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Este acercamiento debe considerar que, si no se cuenta con acceso a recursos públicos, será muy difícil alcanzar las metas planteadas. Tan solo en esta administración, el programa presupuestario Salud Materna, Sexual y Reproductiva ha sufrido un recorte de casi 1000 millones de pesos (constantes 2023) si se compara el monto aprobado para el ejercicio 2019 con el monto proyectado para el ejercicio 2023. En este sentido, la salud reproductiva debe ser una prioridad en la administración y el gasto de los recursos públicos.

La salud reproductiva debe ser una prioridad en la administración y el gasto de los recursos públicos.